Las instituciones de la sociedad civil y empresarial de Cataluña (Consell de Cámaras de Cataluña, Pimec, RACC, Femcat, Colegio de Economistas y Feria de Barcelona) han valorado la buena predisposición a abordar un acuerdo este lunes entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado en el marco de la comisión bilateral, que establece las bases para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. El acuerdo tendrá que recoger demandas históricas del tejido económico y social catalán como la recaudación propia del IRPF a partir de 2026, el respecto al principio de ordinalitat y el refuerzo de la capacidad normativa e inspectora de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
Las organizaciones económicas han reiterado que, después de décadas de infrafinanciación, este acuerdo tiene que representar una oportunidad para garantizar que Cataluña pueda gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar sus propios tributos con responsabilidad y equidad. También han puesto en valor que el pacto incluya una cuota de solidaridad clara y equilibrada, que evite agravios comparativos y favorezca la cohesión territorial.
Las entidades reclaman concreción normativa, transparencia y celeridad en el despliegue del nuevo marco fiscal, así como la despolitització del debate para centrarse a invertir los recursos en las políticas públicas que impulsen el progreso económico del país y su tejido productivo, con el objetivo que este mejore el bienestar de la ciudadanía y garantizar los servicios básicos previstos por la Generalitat. Así mismo, instan a garantizar un proceso de reforma que sea compartido con otros territorios del Estado, pero que a la vez reconozca la singularidad y el peso económico de Cataluña.
En este sentido, las organizaciones promotoras de este posicionamiento mantuvieron un encuentro institucional con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, a quien trasladaron formalmente estas consideraciones y reiteraron con firmeza la necesidad de un despliegue leal, efectivo y alineado con los principios pactados. Esta reunión ha servido para escenificar el consenso del tejido económico y social en defensa de un modelo de financiación justa y adecuado a la realidad catalana.
Finalmente, las entidades reclaman el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento efectivo del acuerdo, con un calendario donde queden fijados los plazos para su entrada en vigor y se muestran dispuestas a asumir un papel activo y responsable en este proceso. Con este compromiso de corresponsabilidad, el tejido económico y social quiere contribuir a consolidar un modelo de financiación estable, justo y ajustado a las necesidades reales del país.
Las organizaciones económicas han reiterado que, después de décadas de infrafinanciación, este acuerdo tiene que representar una oportunidad para garantizar que Cataluña pueda gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar sus propios tributos con responsabilidad y equidad. También han puesto en valor que el pacto incluya una cuota de solidaridad clara y equilibrada, que evite agravios comparativos y favorezca la cohesión territorial.
Las entidades reclaman concreción normativa, transparencia y celeridad en el despliegue del nuevo marco fiscal, así como la despolitització del debate para centrarse a invertir los recursos en las políticas públicas que impulsen el progreso económico del país y su tejido productivo, con el objetivo que este mejore el bienestar de la ciudadanía y garantizar los servicios básicos previstos por la Generalitat. Así mismo, instan a garantizar un proceso de reforma que sea compartido con otros territorios del Estado, pero que a la vez reconozca la singularidad y el peso económico de Cataluña.
En este sentido, las organizaciones promotoras de este posicionamiento mantuvieron un encuentro institucional con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, a quien trasladaron formalmente estas consideraciones y reiteraron con firmeza la necesidad de un despliegue leal, efectivo y alineado con los principios pactados. Esta reunión ha servido para escenificar el consenso del tejido económico y social en defensa de un modelo de financiación justa y adecuado a la realidad catalana.
Finalmente, las entidades reclaman el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento efectivo del acuerdo, con un calendario donde queden fijados los plazos para su entrada en vigor y se muestran dispuestas a asumir un papel activo y responsable en este proceso. Con este compromiso de corresponsabilidad, el tejido económico y social quiere contribuir a consolidar un modelo de financiación estable, justo y ajustado a las necesidades reales del país.